Desde el 20 de marzo de 2024, tras la suspensión del cese al fuego entre el Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central (EMC), la situación humanitaria del Cauca se ha deteriorado por el incremento desproporcionado (79 por ciento) de acciones armadas (hostigamientos, combates y enfrentamientos) que se reportan en todas las subregiones del departamento. Como resultado, durante el 2024 se registraron 43 emergencias humanitarias de desplazamiento masivo y confinamiento en las que fueron afectadas al menos 39.836 personas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, al quedar expuestas a fuego cruzado, el uso de viviendas y establecimientos educativos como escudo y la presencia de explosivos remanentes de guerra en caminos transitables, cultivos de pan coger y accesos a agua. Cabe resaltar que las acciones armadas se están presentando tanto en zonas rurales como en las cabeceras municipales en donde las infraestructuras militares están siendo atacadas, generando combates en donde la población civil queda en medio del fuego armado.
En 2024, el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual (RUUVS) de menores en Cauca aumentó un 42% respecto a 2023. Los Grupos Armados No Estatales (NSGAs por sus siglas en inglés) han diversificado sus estrategias de captación mediante redes sociales y promesas de beneficios económicos, trasladando a niñas, niños y adolescentes a municipios distantes y otros departamentos. Se han registrado ataques a bienes civiles, daños a infraestructuras educativas e instalación de artefactos explosivos improvisados que ponen en riesgo a estudiantes y personal docente. La Defensoría del Pueblo documentó 212 casos de reclutamiento y 18 amenazas, con un 56% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas, reflejando el grave riesgo para su pervivencia cultural. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) reporta cifras aún mayores y subraya la persistencia de subregistros. A pesar de las 38 alertas tempranas emitidas desde 2018, Cauca sigue siendo el departamento con el mayor número de menores atendidos en programas de desvinculación, con 91 casos en 2024 según el ICBF.
El uso de artefactos explosivos continúa generando graves impactos humanitarios, incluyendo riesgos de seguridad alimentaria, así como la suspensión de jornadas académicas que afectan la educación de los niños, niñas y jóvenes. Además, la presencia de estos artefactos aumenta los riesgos de protección, particularmente durante los retornos no acompañados, donde las comunidades no cuentan con garantías de seguridad. Las limitaciones de acceso a áreas afectadas dificultan la respuesta humanitaria y agravan la situación de vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas y en riesgo.
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