En 2025, Putumayo enfrentó un escenario de riesgo extremo e inminente, especialmente en el Medio y Bajo Putumayo, marcado por la intensificación del conflicto armado y la reconfiguración de Grupos Armados No Estatales (GANE). El control territorial y social ejercido por los GANE constituye un factor estructural que incide en violaciones de derechos humanos, restricciones al acceso humanitario, confinamientos y desplazamientos y debilitamiento del tejido social, mediante presiones y coerción contra liderazgos sociales, particularmente mujeres lideresas. El incremento sostenido de cultivos ilícitos continúa siendo un determinante estructural del conflicto, por intereses en economías ilegales y riesgos para comunidades rurales e indígenas.
Las dinámicas del conflicto armado están vinculadas a procesos de diálogo entre el Gobierno Nacional y estructuras armadas en la región, generando reconfiguraciones del control territorial y de los patrones de riesgo para la población civil, lo que requiere seguimiento permanente con enfoque de protección y prevención de afectaciones humanitarias.
La concurrencia de riesgos ambientales (como inundaciones y deslizamientos) combinados con el conflicto armado agrava la vulnerabilidad humanitaria en aspectos como producción agrícola, seguridad alimentaria y acceso a servicios de salud, especialmente en zonas rurales dispersas y de difícil acceso.
Los impactos del conflicto y la crisis humanitaria son diferenciados: mujeres y niñas enfrentan riesgos desproporcionados de Violencias Basada en Género (VBG), incluida violencia sexual, amenazas y restricción a la movilidad; pueblos indígenas del bajo Putumayo y Leguízamo están en riesgo de exterminio físico y cultural por la superposición de violencia armada, despojo territorial y afectaciones ambientales; niños, niñas y adolescentes (NNA) enfrentan alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización por actores armados (RUU), situando al Putumayo entre los departamentos con afectación significativa en esta violación.
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