Informe de Tendencias e Impacto Humanitario en 2025 | Datos acumulados entre enero - marzo de 2025 | Fecha de publicación: 07 de mayo de 2025

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  • En Colombia durante el primer trimestre de 2025 se cuadriplicó el número de personas afectadas por conflicto armado y violencia en comparación con el mismo periodo de 20241. Se presentaron crisis de desplazamiento forzado, confinamiento, y restricciones a la movilidad y al acceso con graves consecuencias humanitarias en la frontera con Venezuela y en la Región Pacífica.
  • Debido a la crisis humanitaria en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), el número de desplazados registrado este trimestre ha superado en un 20% el total de desplazados en eventos masivos reportados en todo 2024. En respuesta, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) asignó USD 3,8 millones para asistir a 56.000 personas afectadas por el desplazamiento forzado, confinamiento y restricciones de movilidad/acceso (60% del total de población afectada).
  • Cauca y Chocó concentran la mayor cantidad de emergencias por confinamiento. En este último departamento, la situación humanitaria se vio agravada por paros armados impuestos por Grupos Armados No Estales, afectando cerca de 500.000 personas adicionales. Esto impidió el acceso a servicios básicos como atención médica y educación, impactando principalmente a comunidades étnicas.
  • Los desastres de origen natural tienen lugar en municipios afectados por el conflicto armado. Al menos 194,657 personas han sido afectadas por desastres, incluyendo la activación del volcán Puracé que impactó a más de 26,000 personas en Cauca, una región ya afectada por el conflicto.
  • El Equipo Humanitario País enfrenta limitaciones para responder a todas las necesidades de las poblaciones afectadas por causales de necesidades humanitarias, tanto por conflicto armado, como por desastres de origen natural debido a la falta de financiación del Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias, el cual solo ha recibido 12% de su financiamiento. Se estima que al menos 1.4 millones de personas podrían quedarse sin asistencia debido a la falta de fondos para el Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias, principalmente por el congelamiento de fondos de EE.UU.