Honduras: Situación de violencia en el Bajo Aguán Flash Update No 1, 13/2/2025

PUNTOS CLAVE

  • Desde diciembre de 2024, los sectores Quebrada de Arena, Panamá y Corocito en la región de Bajo Aguán han visto un incremento en violencia que ha afectado a, al menos, cinco cooperativas agrícolas y las comunidades cercanas.
  • A raíz del conflicto agrario en la región, el aumento en violencia ha resultado en la muerte de tres personas y generado el desplazamiento forzado de al menos 150 familias, amenazas, retenciones ilegales y robos. También ha habido restricciones a la libertad de circulación y desplazamientos forzosos de las viviendas y de las tierras de cultivo.
  • El conflicto agrario en el Bajo Aguán es de larga data y se caracteriza por: (i) una violencia grave y directa por parte de actores armados no estatales; (ii) el desplazamiento forzado de familias y las afectaciones a sus medios vida; (iii) la limitada respuesta para abordar las necesidades urgentes de las personas campesinas y las comunidades; (iv) la falta de acceso e inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra; y (v) el despliegue de campañas de desinformación y desprestigio en contra de las cooperativas y las organizaciones que les acompañan.
  • La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), parte de la Red Humanitaria de Honduras1, ha hecho un llamado a las autoridades a tomar medidas para proteger y salvar vidas, investigar los incidentes, judicializar a los autores y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia. La Oficina también urge a que se acelere la implementación del convenio firmado entre las cooperativas y el Gobierno en febrero de 2022, incluyendo la instalación de la Comisión de la Verdad, para que esta pueda resolver el conflicto con un enfoque de derechos humanos, reparar a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.
  • Se requiere una evaluación de las necesidades humanitarias de las personas afectadas por parte de las autoridades, en particular, los impactos sobre las niñas, los niños, y adolescentes, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas con vulnerabilidades específicas. Asimismo, es imperativo el liderazgo de las autoridades en una respuesta integral a las necesidades identificadas y en la protección de los derechos.